En las semanas previas a las últimas navidades la Agencia Española de Protección de Datos publicó el informe anual sobre las sanciones y acciones realizadas en materia del cumplimiento del reglamento europeo. Entre las conclusiones encontramos que, las sanciones en protección de datos han aumentado un 35% en el último año registrado (2021), lo que representa 264 resoluciones que terminaron en imposición de multas.

Sigue leyendo que hoy hablamos de las áreas de actividad con más sanciones en protección de datos y las multas impuestas durante 2022.

Áreas de actividad con más sanciones en protección de datos

Según los datos publicados por el ente regulador en España las denuncias a diferentes empresas y negocios en materia de privacidad son cada vez más frecuentes. Cuatro años después de la sanción y puesta en marcha del reglamento europeo de protección de datos, los expertos analizan la variación de compromiso con esta legislación entre los propietarios de empresas y los clientes o usuarios de servicios.

En este sentido, dicen que el crecimiento de la digitalización de las relaciones comerciales e incluso del tiempo de ocio, ha provocado un aumento en la cantidad de denuncias por parte de los usuarios porque estos disponen de mucha más información acerca de cuando se vulneran sus derechos, y por lo tanto actúan en consecuencia.

Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de actividades con más sanciones en protección de datos? Tal y como se puede observar en la imagen anterior, encabezan la lista las empresas de servicios de internet y los operadores de videovigilancia.

Según el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, las empresas de servicios de internet y telefonía móvil con sus constantes y excesivas campañas publicitarias han empujado a los usuarios a este estado de alfabetización en materia de normativa legal.

Multas y sanciones en Protección de Datos 2022

Según lo dispuesto en el reglamento europeo, las infracciones se clasifican en tres tipos diferentes en función de la gravedad con que se haya vulnerado la ley, y por lo tanto varían las cuantías económicas de las sanciones en protección de datos: leves, graves y muy graves.

En el reglamento de protección de datos se establecen una serie de criterios, que el ente regulador debe tomar como base para determinar la suma de las sanciones.

1. Si la infracción es continuada.
2. El volumen de los tratamientos realizados.
3. La relevancia de la relación entre la actividad del infractor y el tratamiento de datos de carácter personal que realiza.
4. El volumen de negocio del infractor.
5. Los beneficios obtenidos como consecuencia de cometer la infracción.
6. El grado de intencionalidad.
7. La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
8. Que la infracción sea consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

Sanciones en protección de datos: por áreas

Los servicios de internet, como muestra el cuadro más arriba, encabezan la lista de sanciones en protección de datos. No obstante, hay que tener en cuenta este posicionamiento debido a los 10 millones de euros impuestos a Google. El resto de las sanciones en este sector solo suman 119.000 euros.

En segundo lugar, está el sector de videovigilancia. Básicamente el grueso de sus denuncias es por instalar cámaras sin permiso o sin contar con las medidas de protección para el usuario que establece la ley. Es el sector más sancionado durante el 2022 (53 resoluciones que acabaron con 33 sanciones).

Sin embargo, el coste total de las multas en este sector no representa sumas muy elevadas (aprox. 220.000 euros). Las sanciones durante este año van desde los 180 euros a un locutorio por no colocar el cartel informativo de un sistema de videovigilancia, hasta la multa de 170.000 euros a Mercadona por negar a la víctima de un accidente el vídeo de las cámaras de seguridad que lo habían registrado.

Al mismo tiempo, en 2022, por primera vez la AEPD resolvió considerar los primeros recursos de reposición, y finalmente anuló cinco sanciones impuestas en el sector de la videovigilancia. Se comprobó que sí se cumplía con la normativa, ya fuera porque las cámaras estaban bien señalizadas o porque simplemente no estaban funcionando y su instalación solo era disuasoria.

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